Esto claro, luego de que la mala accionar policial (represiva) deje el saldo de 1 muerto, 46 heridos, y 44 detenidos, 10 de ellos menores, en el desalojo policial de las barricadas montadas por los indígenas en varios puntos de la carretera Interamericana en las provincias de Veraguas y Chiriquí, fronteriza esta última con Costa Rica.
Tras la actuación de la policía, el ministro de Seguridad, José Raúl Molino, declaró a Efe que no preveía que se pudiese reanudar el diálogo con los líderes Ngäbe Buglés, al menos durante los próximos días, porque el Gobierno se había concentrado en devolver la normalidad en la zona en conflicto. Esto se da en el marco de un nuevo acto de injusticia de parte de un gobierno. Como latinoamericanos debemos ejercer nuestro derecho a protesta y más teniendo en cuenta que esta protesta de los pueblos originarios es genuina, tan genuina como la defensa de los intereses nacionales y la preservación del medio ambiente.
En un comunicado, el Gobierno ofreció de nuevo prohibir por ley “el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica, no metálica y sus derivados en la comarca Ngäbe Buglé, sus áreas anexas y las comunidades adyacentes por cualquier persona natural o jurídica, de carácter público o privado, nacional o extranjera”.
Los indígenas reclaman que en una ley que debate el Parlamento unicameral panameño que prohíbe las actividades mineras en su comarca se una otra prohibición que afecte a las hidroeléctricas.
El Gobierno se opone a ello por considerar que en el acuerdo alcanzado el 27 de febrero de 2011 con los indígenas Ngäbe Buglé para resolver una protesta similar, ambas pactaron la protección de los recursos hídricos, pero en ningún caso prohibir su explotación.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se reunió para estudiar la situación con varios ministros de su gobierno, incluidos Fábrega y Mulino, así como el de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, y el de Turismo, Salomón Shamah, quién este fin de semana participó en el fracasado diálogo con los indígenas.
El obispo de la ciudad de David José Luis Lacunza, que también participó en esas conversaciones como mediador, había explicado anteriormente que en esas conversaciones se había acordado que los indígenas levantarían el bloqueo de la carretera para sentarse inmediatamente después a negociar, pero al llegar los líderes indígenas a las barricadas, las bases lo rechazaron.
El comunicado oficial da cuenta de que pese a que la vía Interamericana está despejada, la policía se ha visto obligada a responder a “distintos focos de indígenas” que tratan de cerrarla de nuevo, pero que en esas actuaciones “no utiliza balas calibre 38”.
Esto alude al hecho de que el indígena muerto durante la operación policial, identificado oficialmente como Jerónimo Rodríguez Tugrí, recibió un disparo de bala de ese calibre,
Martinelli y varios de sus ministros mantuvieron también una reunión con representantes de gremios de abogados, comerciantes, industriales, dueños de medios de comunicación y de la Cámara Minera, entre otras personas, para explicarles las consecuencias que tendría para el país aceptar las pretensiones de los indígenas de cancelar concesiones hidroeléctricas dentro o cerca de su comarca.
“Cancelar las concesiones hidroeléctricas (...) conllevaría un incremento tarifario de hasta un 30% en la facturación”, aseguró el secretario de Energía, Juan Manuel Urriola.
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