Asunción, 6 feb (PL) El Gobierno de Paraguay presentará hoy la versión oficial sobre el conflicto por las tierras en el departamento de Alto Paraná, este del país, donde se enfrentan campesinos paraguayos y productores de origen brasileño.
Este documento es el resultado de una reunión evaluativa de la situación celebrada el pasado sábado entre el presidente Fernando Lugo y otras autoridades vinculadas al problema de la tierra.
Paraguay está considerado como el país de peor distribución de la tierra en América Latina, con 500 familias que poseen el 90 por ciento de las tierras: 351 mil propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas y 351 mil familias carecen de ellas.
Mientras, un informe de la Comisión Verdad y Justicia señala que siete millones 851 mil 295 hectáreas mal habidas, el 19 por ciento del territorio nacional, fueron distribuidas de forma irregular entre 1954 y el 2003.
El secretario general de la Presidencia, Miguel López, anunció el sábado pasado que el borrador del texto sería presentado a Lugo y a su Consejo de Ministros, y posteriormente se revelará a la opinión pública.
En sus declaraciones a reporteros, afirmó que las soluciones a los conflictos por la tierra, en especial el caso de Ñacunday, se corresponderán con el marco legal vigente en Paraguay.
López comentó que en el encuentro de este sábado fueron expuestas todas las aristas sobre los problemas vinculados con el acceso a la tierra en general y, en particular, con el caso de Ñacunday.
En esa demarcación del departamento de Paraná, 327 kilómetros al este de Asunción, productores de origen brasileño y campesinos paraguayos mantienen una disputa por miles de hectáreas, que mantiene en tensión a las autoridades departamentales y nacionales.
El funcionario subrayó que cualquier salida sobre temas de conflictos pasará siempre por el respeto del marco normativo vigente en Paraguay.
La legalidad es un principio rector para el Ejecutivo, del cual no se apartará, remarcó el también ministro del Gabinete Social.
Además de Lugo participaron en la reunión el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Marciano Barreto; el procurador general de la República, Enrique García, y funcionarios del Registro Público y Catastro.
En medio de las tensiones se anuncia el posible desalojo de los llamados carperos (porque viven en carpas) de espacios ocupados en las inmediaciones de propiedades de colonos y que no son parte de las tierras en disputa, según las autoridades.
El ministro del Interior, Carlos Filizzola, dijo ayer que de llegarse a ejecutar la orden judicial, emitida a inicios de enero, será dentro del respeto a las normas y los derechos humanos.
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