La Paz, 14 feb (PL) El presidente Evo Morales advirtió hoy que rechazar la consulta previa sobre la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis) significa oponerse a la Constitución Política del Estado boliviano (CPE).
"No permitir que se haga la consulta es, primero, oponerse a la Constitución, es oponerse o rechazar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de rechazar la declaración de los derechos de los pueblos indígenas por las Naciones Unidas", sostuvo el mandatario.
El jefe de Estado reiteró que la consulta es un proceso democrático y cuestionó la posición de dirigentes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob).
Morales promulgó el 10 de febrero pasado la Ley 222 de Consulta Previa Libre e Informada, la cual se aplicará a pobladores de las 63 comunidades que viven en el Tipnis, para saber si están de acuerdo o no con la construcción del segundo tramo de la vía entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
Sin embargo, dirigentes de la Cidob manifestaron en mas de una oportunidad su desaprobación, entre ellos Adolfo Chávez, quien aseguró que por lo menos 15 comunidades rechazan la consulta previa.
Morales, sin embargo, quiere validar cada uno de los espacios democráticos que tienen los bolivianos y aboga por la consulta para resolver el litigio por la referida carretera y por la intangibilidad del Tipnis.
El conflicto por el Tipnis alcanzó ribetes dramáticos en las últimas semanas, cuando una marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) llegó a esta capital para pedir la abrogación de la Ley Corta 180, la cual declara la intangibilidad del referido Parque Nacional.
Los marchistas se reunieron con el mandatario y este les pidió que intentaran el diálogo con los líderes de la Cidob, a propuesta de los cuales se aprobó la referida ley en octubre pasado, pero estos últimos se negaron siempre a negociar.
Entonces, un grupo de 37 corregidores del Tipnis y una comisión del Legislativo, trabajó en un proyecto de ley para realizar una consulta previa.
La Ley, promulgada por el jefe de Estado el viernes anterior, otorga un plazo de 120 días al Gobierno para realizar la referida consulta.
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